A nadie le parece extraño entregar su número de cedula
de identidad cada vez que acude a una farmacia, tiendas, supermercados u otras
empresas ligadas al retail. Sin embargo, para el presidente de la Corporación
Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile Conadecus, Hernán Calderón, no
existe ninguna ley que obligue a los clientes a entregar su número de rut toda
vez que concurra a los centros comerciales a realizar una compra.
El dirigente nacional, puso en entredicho el
derecho que se arrogan algunas tiendas pedir esa información privada y la
libertad de los usuarios de negarse a entregarla sin ser perjudicados o
condicionados a una rebaja de los precios.
“Muchas veces
los consumidores se ven enfrentados a una verdadera presión psicológica al momento
de llegar a la caja a pagar un producto determinado, ya que, se encuentran con un
precio distinto al que estaba en góndola, por el solo hecho de negarse a
proporcionar su número de carné de identidad, es decir, se les condiciona la
oferta cuando no entregan la información requerida. Eso es absolutamente ilegal”,
afirmó categóricamente
Hernán Calderón.
El dirigente, aseguró que la entrega de la información
personal es voluntaria y no obligatoria a la hora de adquirir un artículo o
producto. No obstante, hay circunstancias en que existe esa obligatoriedad y es
a la hora de solicitar un crédito de consumo en un Banco o de cualquier otro tipo, porque se requiere
necesariamente saber la situación financiera del cliente para poder otorgarle
el beneficio.
Finalmente dijo que lamentablemente y sin ninguna regulación
por parte del organismo fiscalizador, es común que los datos personales de los
clientes sean requeridos por algunas empresas para integrar sus planes de
fidelización, pero reiteró que no es
obligación del cliente participar de esta dinámica, ni recibir un trato
perjudicial por no querer hacerlo.
Dicho proceso estaría dentro de la ley, si las
condiciones de venta han sido publicitadas antes de que los clientes se
acerquen al servicio. De otro modo, se estaría incurriendo en una
discriminación arbitraria, que debe ser denunciada por el consumidor afectado.
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